La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha respaldado la sentencia de la Audiencia Provincial, que impuso una pena de prisión de 4 años a la dueña de un apartamento en Pamplona. Esta condena se basa en el hecho de que la arrendadora cambió la cerradura del inmueble sin el conocimiento ni el permiso de la inquilina, dejándola en la calle junto con su bebé de 8 meses y despojándola de sus pertenencias.

La sentencia, susceptible de apelación ante el Tribunal Supremo, confirma los hechos probados por la Sección Segunda de la Audiencia. En marzo de 2019, la acusada y la arrendataria acordaron un contrato de alquiler en el Casco Antiguo de Pamplona, con una duración inicial hasta marzo de 2020 y una posterior prórroga de dos años.

El 31 de marzo de 2021, la propietaria informó a la inquilina de su intención de no renovar el contrato debido a trabajos de reforma en el inmueble. La arrendataria decidió quedarse, continuando con el pago del alquiler, hasta encontrar una nueva vivienda para ella y su hijo. Sin embargo, el 7 de junio, sin el consentimiento de la inquilina, la arrendadora acudió con un cerrajero y cambió la cerradura.

Cuando la inquilina y su bebé llegaron a casa, se encontraron en la calle, sin poder acceder al inmueble y sin sus pertenencias. Además, el 11 de junio, se empadronó en el piso y eliminó el registro municipal de la arrendataria y su hijo.

Además de cambiar la cerradura, la arrendadora se apropió de todos los objetos y enseres de la inquilina y su hijo, incluyendo un ordenador portátil, una televisión, una cámara de fotos, joyas, objetos del bebé y pertenencias domésticas. La inquilina presentó una denuncia el 8 de junio, solicitando la devolución de sus pertenencias.

El 15 de junio, a solicitud de una trabajadora social, la propietaria entregó a la inquilina dos maletas con ropa y documentos en presencia de agentes de Policía Municipal. Sin embargo, no devolvió el resto de las pertenencias, que incluían fotografías, documentos, ropa, juguetes del niño y joyas, con un valor pericial superior a 400 euros.

El 16 de julio, el abogado de la acusada entregó algunos objetos pertenecientes a la inquilina, pero no todos. Por estos hechos, la Audiencia Provincial condenó a la propietaria a 2 años de prisión por coacciones y otros 2 años por hurto agravado, además de imponer indemnizaciones por daños morales y objetos no recuperados. El Tribunal Superior confirmó esta condena, respaldando la existencia de coacción y hurto agravado.